VIVANTA CIERRA SUS CLÍNICAS EN BALEARES: EL CODB RECUERDA SU PAPEL EN LA PROTECCIÓN DE LOS PACIENTES
El cierre de las clínicas Vivanta ya afecta a Mallorca, Menorca e Ibiza. El presidente del Colegio Oficial de Dentistas de Baleares, Dr. Ignacio García-Moris, ha intervenido en el programa Ara Mateix de IB3 Televisión para abordar una situación que deja a pacientes con tratamientos interrumpidos, pagos pendientes de recuperar y dificultades para continuar su atención odontológica.
La crisis de Vivanta ha ido extendiéndose por Baleares. Al cierre de la clínica de Es Mercadal, en Menorca, se sumaron posteriormente los de Ibiza y el centro situado en la calle Aragón de Palma, que inicialmente tenía previsto mantener su actividad.
La situación se ha agravado tras el fracaso de las negociaciones para la venta de parte de la cadena y el anuncio del cierre general de sus clínicas. Para los pacientes afectados, las consecuencias pueden ser tanto económicas como sanitarias: tratamientos abonados que no se han completado, créditos que continúan vigentes y dificultades para obtener la documentación necesaria para acudir a otro dentista.
Ante este escenario, el CODB recuerda que la protección de los pacientes y la vigilancia del correcto ejercicio profesional forman parte de las funciones de los colegios profesionales, aunque sus competencias tienen límites que conviene conocer.
¿Cómo puede ayudar el CODB a los pacientes afectados?
El Colegio Oficial de Dentistas de Baleares dispone de un servicio de atención y reclamaciones al que los ciudadanos pueden acudir cuando consideran que la actuación profesional de un dentista colegiado no se ha ajustado a las normas de buena práctica o deontología.
El CODB puede examinar estas actuaciones y, cuando corresponde, iniciar los procedimientos previstos en su normativa. También desarrolla una función de orientación a la ciudadanía y de colaboración con las administraciones competentes en cuestiones que afectan a la seguridad de los pacientes.
Sin embargo, el Colegio no tiene competencias para resolver reclamaciones económicas contra una empresa, ordenar devoluciones de cantidades abonadas ni asumir la finalización de tratamientos contratados con una clínica que ha cerrado.
En el caso de Vivanta, además, su situación concursal condiciona las vías de reclamación económica y la posibilidad de alcanzar acuerdos con la empresa.
Distinguir estas competencias es fundamental para que los afectados puedan dirigirse al organismo adecuado y evitar trámites que no puedan resolver su situación.
¿Qué pueden hacer los afectados por el cierre de Vivanta?
El CODB recuerda algunas recomendaciones básicas para quienes se hayan quedado con tratamientos pendientes:
Reunir y conservar la documentación clínica y económica: presupuestos, facturas, justificantes de pago, contratos de financiación, consentimientos informados y comunicaciones con la clínica.
Solicitar por escrito una copia de la historia clínica, incluidas radiografías, pruebas diagnósticas y constancia de los tratamientos realizados.
Acudir a otro dentista para una valoración cuando la interrupción del tratamiento pueda comprometer la salud o requiera atención que no pueda demorarse.
Contactar con la entidad financiera si el tratamiento se contrató mediante un crédito vinculado, para presentar la reclamación correspondiente por los servicios no prestados.
Consultar las vías legales y administrativas disponibles para reclamar las cantidades pendientes, teniendo en cuenta la situación concursal de la empresa y los plazos aplicables.
La Dirección General de Prestaciones, Farmacia y Consumo del Govern de les Illes Balears ha publicado información específica para los afectados por Vivanta, que puede consultarse en su página web.
Una crisis empresarial que también afecta a los profesionales
El CODB recuerda igualmente que las consecuencias del cierre no recaen únicamente sobre los pacientes.
Los dentistas que trabajaban en los centros afectados también pueden encontrarse ante la pérdida de su empleo, la interrupción de tratamientos que estaban siguiendo y la imposibilidad de continuar atendiendo a sus pacientes.
Por ello, el Colegio insiste en la necesidad de distinguir las decisiones empresariales de la responsabilidad clínica individual de los profesionales.
El caso Vivanta vuelve a poner de manifiesto una preocupación que el CODB ya trasladó públicamente el pasado mes de septiembre: una crisis empresarial no debería comprometer la continuidad de un tratamiento sanitario ni dejar desprotegidos a pacientes y profesionales.
El Colegio considera necesario avanzar en mecanismos que garanticen la conservación y disponibilidad de las historias clínicas, la continuidad asistencial y una mayor protección de los pacientes que contratan tratamientos largos, complejos o financiados.
La odontología es una actividad sanitaria. Independientemente de quién sea el propietario de una clínica, la salud del paciente y el criterio profesional del dentista deben estar siempre protegidos.
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