El Tribunal Superior de Justicia de Baleares ha autorizado la orden dictada por el Govern, por la que el personal sanitario tendrá que mostrar el pasaporte covid. Aquellos sanitsrios que no estén vacunados tendrán que realizarse tres pruebas semanales de PCR, a cargo de la sanidad pública, para demostrar que no se ha contagiado. Así lo recoge el auto judicial, a la espera de que la orden sea publicada en el BOIB. El TSJB considera que estas medidas sanitarias, de obligado cumplimiento, están más que justificadas, ante el aumento de casos de contagio que está produciendo esta sexta ola del coronavirus.
Reincorporaciones al trabajo o regreso después de vacaciones
La orden que acordó el Govern, ratificada ahora por los tribunales, establece que el personal sanitario que se incorpore de nuevo al trabajo, o que regrese después de unas vacaciones, deberá realizarse una prueba PCR al menos 72 horas antes de regresar al trabajo. Y sobre los trabajadores sanitarios no vacunados, se establece que las pruebas sanitarias se deberán realizar tres veces por semana.
El derecho a la libertad frente al derecho a la vida ya la salud pública
Los jueces señalan en su resolución que los profesionales sanitarios es un colectivo especialmente amenazado por la enfermedad, por el contacto directo con los pacientes infectados. Si bien el tribunal entiende que la decisión a no vacunarse es respetable, al formar parte del derecho a la libertad, esta decisión debe enfrentarse con “el derecho a la vida y a la salud pública” y, al ponderar ambos derechos, los magistrados consideran "medidas adecuadas y proporcionales" poder exigirles la pauta de vacunación al personal sanitario, o la obligación de someterse a pruebas de PCR, “porque con ello se permite conocer con exactitud si se está o no contagiado”.
El auto incide en que “la molestia de esas analíticas es escasa y prácticamente insignificante” para los trabajadores sanitarios que regresan de vacaciones, mientras que para los sanitarios no vacunados “la incomodidad” que representa estas pruebas “se justifican por la gravedad de la situación pandémica”.
El tribunal tiene muy claro que la función de este personal sanitario es “absolutamente primordial para la sociedad y su posición, en primera línea frente a la enfermedad, es del todo inevitable”, por ello "constituyen un colectivo que merece una especial protección”.
El TSJB considera que la obligación de someterse a las pruebas diagnósticas al personal sanitario que no se ha vacunado tres veces por semana “comporta una tenue limitación de los derechos fundamentales a quienes por ley les corresponde la obligación de participar activamente en la prevención de enfermedad". Y añade que se trata de un colectivo profesional al “que le incumbe un especial deber de colaboración”.
Según el auto, la administración sanitaria tendrá que financiar la realización de estas pruebas de diagnóstico y no podrá crear un fichero de datos sanitarios sobre sus empleados.
En estos momento la mayor parte de la plantilla sanitaria de las islas está vacunada, aun así, el ocho por ciento de estos trabajadores se niegan a inyectarse la vacuna, a pesar del aumento del número de contagios que se está produciendo en los últimos días.
